9 de junio de 2026
América Latina y el Caribe concentran la mayoría de los ataques letales contra personas defensoras del medio ambiente en el mundo. Solo en 2024, el 82% de los 142 asesinatos registrados a nivel global ocurrieron en esta región. Desde que el Acuerdo de Escazú entró en vigor en abril de 2021 y hasta diciembre de 2024, se documentaron 561 ataques letales: un promedio de un asesinato o desaparición forzada cada tres días.
Hasta ahora ratificado por 19 países, el Acuerdo de Escazú es el tratado ambiental de América Latina y del Caribe que garantiza derechos y directrices fundamentales para la protección de las personas defensoras del medio ambiente, el acceso a la información, a los espacios de decisión y a la justicia en temas ambientales.
En ese contexto, las organizaciones territoriales y entidades de derechos humanos esperaban que en la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4), celebrada en abril en Nassau, Bahamas, los Estados dieran muestras de voluntad política para acelerar la implementación del único instrumento regional jurídicamente vinculante que los obliga a proteger a las personas que ponen sus vidas en la primera línea para garantizar el derecho colectivo a un medio ambiente sano.
Para analizar los resultados de esta COP4 y sus implicancias reales para quienes defienden el territorio con sus propios cuerpos y voces, Global Witness, la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio (PDDTyT) de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) y TINTA convocaron a un webinar el pasado 28 de mayo.
"Las personas defensoras protegen los ecosistemas y los territorios de los cuales todos dependemos. Protegerlas es una condición innegociable para el futuro", afirmó Eva Hershaw, de la ILC y co-lead del Grupo de Trabajo de Datos de la Alliance for Land, Indigenous and Environmental Defenders (ALLIED).
Los informes de ALLIED de 2023 y 2024 registran más de 2,500 ataques no letales en 75 países; el 58% ocurrieron en América Latina y el Caribe. Esto supone cerca de 3.5 ataques al día, de los cuales un tercio se dirige exclusivamente contra Pueblos Indígenas.
Las amenazas, la criminalización y los desalojos son las formas más frecuentes, y en los últimos años crecen las detenciones arbitrarias y el acoso judicial, señal de una represión cada vez más sistemática y organizada, donde los Pueblos Indígenas, comunidades campesinas y Pueblos Afrodescendientes son los más afectados.
Gregorio Mirabal, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), fue directo: "Los tiempos de los Estados no son los mismos tiempos del territorio." Las amenazas y los asesinatos continúan incluso en países que ya ratificaron el Acuerdo. Ante una realidad que no espera, COICA llegó a la COP4 como parte de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI) sosteniendo que la autoprotección sigue siendo la única herramienta concreta en manos de los Pueblos Indígenas: "Eso no depende de una ley ni de una voluntad política. Depende de nuestra espiritualidad, de nuestros ancestros, de nuestra lucha histórica."
Javier Garate, de Global Witness, señaló que para que el Acuerdo tenga impacto real es indispensable implementar las Rutas Nacionales —los planes de acción que cada Estado debe desarrollar—, y que estas sean contundentes y construidas con participación real de la sociedad civil.
Dina Juc, de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), aportó la perspectiva de Guatemala, uno de los países más peligrosos para personas defensoras, donde el Acuerdo aún no ha sido ratificado. "Las mujeres indígenas no elegimos ser defensoras. Nacemos siéndolo. Y eso nos convierte automáticamente en un blanco de criminalización." Para las mujeres, las brechas de acceso a la información y a la justicia multiplican las violencias a las que se enfrentan. Las propuestas de la AMPB al proceso del Acuerdo incluyen la representación indígena en el mecanismo del público regional y la creación de un grupo de trabajo específico sobre cuestiones indígenas en materia ambiental.
Samunda Jabini, de la organización del pueblo Saamaka Vereniging van Saamaka Gemeenschappen (VSG), y única delegada de Surinam en la COP4, trajo a la conversación una dimensión frecuentemente invisibilizada: la barrera idiomática. El Acuerdo opera mayoritariamente en español e inglés, dejando fuera países como Surinam, donde conviven lenguas indígenas, cimarronas, afrodescendientes y asiáticas. "No es solo la ratificación lo que importa: hay que llevar la información a las personas que verdaderamente la necesitan, en el idioma que la entiendan." Señaló además que en su país los ataques suelen ocurrir de forma silenciosa —rumores, amenazas privadas, campañas de descrédito— y que por eso muchos casos permanecen sin documentar.
Joara Marchezini, una de las seis representantes electas del público ante el Acuerdo, destacó que la COP4 aprobó la continuidad del mandato del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, garantizando que el proceso siga funcionando de manera autónoma, y la conformación de un Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Justicia con representación formal del público. También destacó el avance en la Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú, aprobada en la COP3 y profundizada en esta edición, un instrumento clave para visibilizar y abordar la situación específica de las mujeres defensoras.
Las organizaciones participantes continúan impulsando el cumplimiento del Acuerdo. En los próximos meses se recabarán datos —con foco en Centroamérica y el Caribe— para el informe sobre el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores. Además, este año se renovarán las personas representantes del público, un momento clave para que el mecanismo represente los intereses de quienes defienden los territorios.
"El Acuerdo no va a resolver todos los problemas, pero su implementación es un compromiso con la vida", sintetizó Gregorio Mirabal. "Las personas que defendemos la vida no tenemos otra opción que seguir adelante, y por eso llamamos a los Estados para que lo ratifiquen e implementen."